FGR destituye a Arturo Serrano Meneses por presunta corrupción; Sheinbaum pide explicación a Gertz Manero
Cuestionada sobre el caso de Arturo Serrano Meneses, Claudia Sheinbaum indicó que le corresponde a Gertz Manero dar una explicación.
En un sorpresivo operativo con elementos de Seguridad Institucional, la Fiscalía General de la República (FGR) destituyó al contralor Arturo Serrano Meneses como titular de su Órgano Interno de Control (OIC), junto con nueve altos mandos de su equipo, por presuntos actos de corrupción.
Fuentes federales confirmaron que el pasado viernes, agentes de seguridad y fiscales acudieron a la sede del OIC, en Periférico Sur 2836, colonia Tizapán San Ángel, para notificar la remoción de los funcionarios encargados de supervisar procedimientos administrativos.
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La FGR destituyo a Arturo Serrano Meneses por presunta corrupción
Desde abril, existían investigaciones contra Serrano y sus colaboradores por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves.
Entre los destituidos figuran Martín Javier Morales Ramírez, secretario particular; José María Peña Domenech, secretario Técnico; Carlos Enrique Rascón Yrízar, titular del Área de Responsabilidades; y otros seis responsables de áreas clave, como Denuncias e Investigaciones, Auditoría Interna y Evolución Patrimonial.
Serrano asumió el cargo en abril de 2019, siendo el primer titular del OIC tras la autonomía constitucional de la Fiscalía, y fue ratificado en mayo de 2023 para un segundo mandato que debía concluir en 2027. Su trayectoria incluye un paso por la Fiscalía Anticorrupción de la entonces PGR entre 2011 y 2012.
Cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde al fiscal Alejandro Gertz Manero explicar la decisión, recordando que la FGR es autónoma.
Evitó generalizar sobre corrupción en la institución y subrayó que toda acusación debe estar sustentada en pruebas.
También destacó que las sanciones administrativas son competencia del Sistema Anticorrupción, mientras que las penas de cárcel dependen de la FGR y del Poder Judicial.
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