Francia da luz verde a la eutanasia y al suicidio asistido

Francia aprobó definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido para adultos con enfermedades graves e incurables.

Francia da luz verde a la eutanasia y al suicidio asistido

La Asamblea Nacional de Francia aprobó definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido para adultos con enfermedades graves e incurables, convirtiendo al país en uno de los pocos que permiten la ayuda médica para morir bajo estrictas condiciones.

La iniciativa recibió 291 votos a favor y 241 en contra, tras años de debate sobre los derechos de los pacientes al final de la vida.

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Francia se incorpora al grupo de países que regulan la eutanasia o el suicidio asistido.

La norma permitirá que adultos con enfermedades graves e incurables puedan solicitar asistencia médica para morir cuando enfrenten un sufrimiento físico o psicológico constante, imposible de aliviar o considerado insoportable.

Además, establece que los solicitantes deberán contar con nacionalidad francesa y padecer una enfermedad en fase avanzada o terminal.

El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación del texto y señaló que representa el cumplimiento del compromiso que asumió en 2022 para impulsar una discusión nacional sobre la atención al final de la vida.

A través de un mensaje en redes sociales, destacó que la legislación surgió del diálogo entre legisladores, médicos, asociaciones y ciudadanos.

Con esta decisión, Francia se incorpora al grupo de países que regulan algún tipo de ayuda para morir. Actualmente, cerca de 300 millones de personas viven en regiones donde la eutanasia o el suicidio asistido cuentan con respaldo legal bajo diferentes requisitos.

La aprobación generó divisiones dentro del propio gobierno francés. La portavoz Maud Bregeon expresó su rechazo a la iniciativa, mientras que otros funcionarios como Catherine Vautrin y Gérald Darmanin defendieron la reforma.

Los opositores advierten que la ley podría poner en riesgo a personas vulnerables y cuestionan la suficiencia de los mecanismos de protección.

Tras la aprobación, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que enviará el texto al Consejo Constitucional para revisar su compatibilidad con los principios fundamentales del país.

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