Comité de expertos pone límites al fracking y condiciona la estrategia energética de Sheinbaum
El comité de especialistas para evaluar la viabilidad del fracking en México condicionó la estrategia energética impulsada por Sheinbaum.
El comité de 54 especialistas convocado por el Gobierno federal para evaluar la viabilidad del fracking en México estableció condiciones que modifican la estrategia energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El grupo descartó de manera definitiva la explotación de gas no convencional en la cuenca de Tampico-Misantla por sus riesgos ambientales y el impacto sobre comunidades indígenas.
Además, los expertos señalaron que cualquier proyecto en Coahuila y Tamaulipas solo podrá avanzar si antes se demuestra la existencia de suficiente agua salada para abastecer el proceso de fracturación hidráulica. En caso contrario, recomendaron cancelar la explotación.
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Sheinbaum aseguró que su gobierno realizará estudios adicionales antes de autorizar cualquier proyecto de exploración.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum resumió la nueva ruta del proyecto: primero confirmar la disponibilidad de agua, después verificar la existencia de gas y, finalmente, evaluar la viabilidad técnica y consultar a las comunidades involucradas.
El comité también recomendó priorizar la generación de energía con fuentes renovables, fortalecer la eficiencia energética, reducir la quema de gas en campos petroleros y aprovechar primero los yacimientos convencionales antes de recurrir al fracking.
Los especialistas estimaron que México posee un recurso prospectivo de 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural no convencional, aunque advirtieron que todavía falta determinar cuánto de ese volumen puede extraerse de manera rentable y segura.
Asimismo, establecieron que la fracturación hidráulica no deberá utilizar agua dulce destinada al consumo humano o a actividades productivas. Propusieron emplear agua salada de formaciones profundas o agua residual tratada, además de reciclar al menos el 75 % del líquido utilizado y mantener un monitoreo ambiental permanente.
El Gobierno realizará estudios adicionales, publicará los resultados y efectuará consultas públicas antes de autorizar cualquier proyecto de exploración.
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